El artículo examina la crisis presupuestaria estructural del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y la necesidad urgente de garantizar su sostenibilidad económica para preservar la tutela judicial efectiva y el proceso de integración andino. Se expone que el presupuesto del Tribunal permanece congelado desde 2008, pese al incremento significativo de su carga procesal, la reducción de personal y el aumento de obligaciones financieras. El autor advierte que la falta de recursos amenaza el control de legalidad comunitario y propone medidas como el precedente de observancia obligatoria, el cobro de derechos procesales y el fortalecimiento de la función arbitral, instando a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones financieras.