El artículo explica que la legislación de libre competencia no tutela al consumidor de manera directa, sino indirecta, mediante la protección del proceso competitivo en los mercados. El autor sostiene que el máximo bienestar del consumidor se alcanza cuando existen condiciones de competencia efectiva, pues esta genera eficiencias económicas que se traducen en precios más bajos, mayor calidad, innovación y diversidad de bienes y servicios. Se analiza el rol de la competencia como mecanismo natural de asignación eficiente de recursos y se distingue entre conductas lícitas y anticompetitivas. En particular, se examinan las prácticas colusorias y el abuso de posición de dominio, destacando que lo sancionable no es el monopolio derivado de eficiencias, sino aquel obtenido o mantenido mediante conductas que restringen ilegítimamente la competencia. Asimismo, se diferencia entre prácticas exclusorias, que afectan el proceso competitivo, y prácticas explotativas, cuyo tratamiento resulta más controvertido. El artículo sostiene que la intervención de la autoridad de competencia solo se justifica cuando existen barreras significativas a la entrada que impiden que el mercado discipline el comportamiento del agente dominante. En casos de monopolios legales o naturales, la tutela del consumidor se logra mediante regulación económica, no a través de sanciones antitrust. Finalmente, se concluye que la defensa de la competencia es una herramienta esencial para proteger al consumidor, siempre que se enfoque en preservar el proceso competitivo y no en controlar precios o resultados de mercado.