El artículo analiza si las municipalidades pueden sustraerse al control de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi mediante la emisión de ordenanzas municipales. A partir del estudio de la Ordenanza 1022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el autor sostiene que las municipalidades no gozan de inmunidad frente al régimen de eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales previsto en la Ley 28996. Se explica que las ordenanzas municipales, aunque tengan rango normativo, pueden constituir barreras burocráticas cuando imponen requisitos, prohibiciones o cobros que carecen de sustento legal o resultan desproporcionados. El artículo desarrolla el bloque de constitucionalidad aplicable al control administrativo, destacando los artículos 58, 59, 61 y 195 de la Constitución, así como el principio de unidad del Estado y la jerarquía normativa. Asimismo, se examina la evolución normativa que reafirma la competencia de la Comisión para inaplicar ordenanzas municipales en casos concretos, sin afectar su vigencia general. El autor concluye que permitir que las municipalidades eludan dicho control vaciaría de contenido la protección de la libertad de empresa y del acceso al mercado, y que el control ejercido por el Indecopi es compatible con la autonomía municipal y con el orden constitucional peruano.