El artículo analiza si la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de otorgar en concesión a una sola empresa la operación de las plantas de revisión técnica vehicular vulnera la prohibición constitucional de los monopolios legales prevista en el artículo 61 de la Constitución peruana. El autor parte por distinguir la naturaleza jurídica del servicio de revisión técnica, concluyendo que no constituye un procedimiento administrativo ni una actividad de fiscalización, sino un requisito o exigencia legal destinado a proteger bienes jurídicos de interés público, cuya prestación configura una actividad empresarial susceptible de desarrollarse en régimen de libre competencia. Se sostiene que la denominada “concesión” no implica la transferencia de una titularidad pública, sino que actúa como un acto habilitante equivalente a una autorización, necesario para expedir el certificado de revisión técnica. A partir de ello, el artículo examina dos interpretaciones del artículo 61 constitucional: una restrictiva, que prohíbe todo monopolio legal, y otra finalista, que solo admite exclusividades cuando la competencia dentro del mercado no es posible y existe competencia por el mercado. El autor concluye que el mercado de revisiones técnicas sí permite competencia efectiva, por lo que otorgar la exclusividad a una sola empresa carece de justificación técnica, económica y jurídica, resultando inconstitucional bajo cualquiera de las interpretaciones del artículo 61.