El artículo cuestiona la decisión de establecer un régimen monopólico para la prestación del servicio de revisiones técnicas vehiculares, señalando que dicha exclusividad carece de justificación constitucional, económica y técnica. El autor sostiene que la revisión técnica es una actividad empresarial, no un servicio público exclusivo del Estado, por lo que debe desarrollarse en régimen de libre competencia. La imposición de un monopolio legal vulnera el artículo 61 de la Constitución, eleva costos para los usuarios y no garantiza mayor calidad ni seguridad, siendo la competencia un mecanismo más eficiente de control y mejora del servicio.