El artículo cuestiona la premisa según la cual toda actividad económica debe estar necesariamente regulada, sosteniendo que dicha afirmación responde más a un sesgo cognitivo que a un análisis racional de política pública. El autor reconoce que la regulación cumple una función legítima cuando busca prevenir, mitigar o reparar daños y externalidades negativas; sin embargo, advierte que la regulación también genera costos económicos y administrativos que deben ser evaluados. Se desarrolla la idea de que la regulación debe ser eficaz e idónea para alcanzar su finalidad y, además, eficiente, es decir, la opción menos gravosa entre alternativas igualmente efectivas y con beneficios superiores a sus costos. A partir del principio de proporcionalidad y del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), el artículo sostiene que una alternativa legítima para el hacedor de políticas públicas es la ausencia de regulación, cuando los costos de intervenir superan los beneficios esperados. El trabajo enfatiza que no regular no equivale a ausencia del Estado, pues subsisten mecanismos de control ex post como la defensa de la competencia, la protección al consumidor y la responsabilidad civil. Finalmente, se concluye que el ordenamiento jurídico peruano reconoce expresamente la no regulación como opción regulatoria válida, y que es preferible tolerar un mercado imperfecto antes que imponer una regulación ineficiente o desproporcionada.