El artículo analiza la facultad de la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador (SCE) para recomendar la eliminación de barreras normativas en el marco de su función de abogacía de la competencia. El autor sostiene que la supresión de barreras legales, normativas o burocráticas constituye una política pública esencial para promover la libre concurrencia, facilitar la entrada de nuevos operadores económicos y generar eficiencias que redunden en el bienestar del consumidor y la competitividad del país. El trabajo examina el marco normativo ecuatoriano, en particular la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y la metodología aprobada por la SCE en 2020, destacando los análisis de legalidad y proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) aplicables a las barreras normativas. Asimismo, se comentan tres informes emblemáticos de la SCE (combustibles, cáñamo y calzado deportivo), en los que se identificaron barreras desproporcionadas o ilegales que favorecían a operadores incumbentes. Finalmente, el autor compara el modelo ecuatoriano con la experiencia peruana del Indecopi, subrayando que el principal desafío del Ecuador es pasar de la recomendación a la eliminación efectiva de las barreras normativas. Se concluye que fortalecer esta competencia resulta clave para una política moderna de competencia y regulación.