El artículo examina críticamente la sentencia de casación N.° 941-95-La Libertad, mediante la cual la Corte Suprema peruana se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de los bienes sociales en el régimen de sociedad de gananciales y su responsabilidad frente a los acreedores. El autor explica que la Corte adopta la tesis de que los bienes sociales constituyen una comunidad en mano común (condominio germánico) y no una copropiedad por cuotas, lo que impide a un cónyuge disponer unilateralmente de una supuesta alícuota y excluye el embargo directo del “50 %” de los bienes sociales. A partir de dicha premisa, el artículo analiza las consecuencias prácticas del fallo para los acreedores cuando solo uno de los cónyuges contrae obligaciones. Se sostiene que los bienes sociales solo pueden responder por deudas personales si se prueba que la obligación benefició a la familia o fue asumida en razón del trabajo, industria o profesión del cónyuge deudor. No obstante, el autor critica que esta solución traslade excesivamente la carga de la prueba al acreedor, generando situaciones de injusticia y afectando la seguridad del tráfico jurídico. Finalmente, se propone una reinterpretación orientada a proteger el crédito, sugiriendo presunciones legales que permitan responsabilizar a los bienes sociales salvo prueba en contrario, y planteando ajustes legislativos para equilibrar la tutela de la familia con la eficacia del sistema obligacional.