El artículo analiza la relación estructural entre el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libre competencia, sosteniendo que estos tres institutos forman un sistema constitucionalmente integrado y orientado al bienestar social. Los autores parten de la premisa de que la protección de la libre competencia es indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados, pero que dicha protección no puede desconocer ni vaciar de contenido el derecho de propiedad ni la libertad contractual. Se afirma que la propiedad y la libertad de contratación no son absolutos, pero tampoco pueden ser restringidos de manera arbitraria bajo el pretexto de promover la competencia. Toda limitación debe ser razonable, proporcional y funcional a la asignación eficiente de los recursos. Desde esta perspectiva, la libre competencia no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para maximizar el bienestar social, incentivar la inversión y promover la innovación. El artículo destaca que el derecho de la competencia actúa, principalmente, frente a fallas de mercado —como monopolios, prácticas colusorias o abusos de posición dominante— y no frente al ejercicio legítimo de la propiedad o de la libertad contractual. En consecuencia, se defiende un modelo en el que la intervención estatal sea excepcional, subsidiaria y técnica, evitando regulaciones que desincentiven la actividad económica y vulneren derechos fundamentales.