El artículo analiza si la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de otorgar en concesión a una sola empresa la operación exclusiva de las plantas de revisión técnica vehicular constituye un monopolio legal prohibido por el artículo 61 de la Constitución peruana. El autor sostiene que la revisión técnica no es un procedimiento administrativo de habilitación ni una actividad de fiscalización administrativa, sino un requisito establecido por el ordenamiento para proteger bienes jurídicos de interés público (vida, salud, seguridad y medio ambiente). En consecuencia, el servicio de revisión técnica es una actividad empresarial susceptible de ser desarrollada por agentes privados en régimen de libre competencia, aunque requiera un acto habilitante (concesión/autorización). El trabajo distingue claramente entre el servicio de revisión técnica y el acto habilitante que permite expedir certificados oficiales. A partir de ello, examina la figura de la concesión y concluye que, en este caso, equivale a una autorización y no a la transferencia de una titularidad pública. Desde el marco constitucional de libre competencia y subsidiariedad del Estado, el autor evalúa dos interpretaciones del artículo 61: una estricta, que prohíbe todo monopolio legal, y otra finalista, que solo admite monopolios cuando la competencia es imposible. Bajo ambas interpretaciones, la concesión exclusiva resulta inconstitucional, pues el mercado de revisiones técnicas admite competencia efectiva.