El artículo analiza el alcance de la facultad de la autoridad de competencia para dictar medidas correctivas a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 1963-2006-PA/TC, promovido por Ferretería Salvador S.R.L. contra INDECOPI. El autor examina si dichas medidas vulneran la libertad de empresa, la libertad de contratación o el debido proceso administrativo. Se sostiene que las medidas correctivas forman parte esencial de la potestad sancionadora y correctiva del INDECOPI, en tanto buscan restablecer las condiciones de competencia afectadas por conductas anticompetitivas, y no constituyen sanciones adicionales ni actos arbitrarios. El trabajo destaca que el Tribunal Constitucional reconoce la legitimidad constitucional de estas medidas, siempre que se adopten dentro de un procedimiento administrativo regular, con respeto al derecho de defensa, motivación suficiente y proporcionalidad. Asimismo, se enfatiza que la autoridad de competencia no invalida contratos ni sustituye la voluntad privada, sino que ordena el cese de conductas anticompetitivas y elimina sus efectos, en cumplimiento de su función de tutela del mercado y de los consumidores. El artículo concluye que la sentencia reafirma el carácter técnico, correctivo y constitucionalmente válido de las medidas dictadas por INDECOPI en materia de libre competencia.