El prólogo sostiene que la libre competencia constituye simultáneamente un principio rector de las políticas públicas y un bien jurídico merecedor de tutela, reconocimiento que se encuentra positivizado en las constituciones y legislaciones de Colombia, Ecuador y Perú. Desde esta perspectiva, el derecho de la competencia no se limita a un conjunto de normas sancionadoras, sino que integra legislación constitucional, legal y reglamentaria, principios jurídicos y una jurisprudencia administrativa y judicial especializada. El texto destaca la importancia de la enseñanza sistemática del derecho de la competencia en las facultades de Derecho y en los programas de posgrado, subrayando su carácter necesariamente interdisciplinario, en diálogo permanente con la economía. Se describe el contenido mínimo que debe abordarse en un curso de la materia: nociones de microeconomía y organización industrial; definición de mercado relevante y posición de dominio; prácticas colusorias horizontales y verticales; abuso de posición de dominio; regla per se y regla de la razón; control de concentraciones empresariales y análisis de eficiencias. Asimismo, el prólogo resalta la relevancia del procedimiento administrativo sancionador, las medidas cautelares y correctivas, la determinación de sanciones y los programas de clemencia. Finalmente, se valora la “abogacía de la competencia” como función preventiva y pedagógica de las autoridades, y se afirma que la enseñanza del derecho de la competencia dota a los estudiantes de herramientas críticas para evaluar políticas públicas y promover el bienestar social mediante mercados competitivos.