El artículo explica que el principio de subsidiariedad no implica un Estado ausente, sino uno que interviene solo cuando la iniciativa privada no puede o no tiene interés en satisfacer determinadas necesidades. El Estado debe actuar como árbitro imparcial, corrigiendo fallas de mercado y garantizando bienes esenciales a quienes realmente los necesitan, sin desplazar indebidamente a los privados. El intervencionismo estatal indiscriminado genera ineficiencia, déficit fiscal y desincentiva la iniciativa privada, que es el motor del desarrollo económico.