El artículo examina la posibilidad jurídica de dictar medidas cautelares sobre bienes del Estado, partiendo de la distinción entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado estatal. El autor explica que los bienes de dominio público —afectados al uso público, al servicio público o a una función pública— están sujetos a un régimen especial caracterizado por su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, lo que impide que sean objeto de embargo o ejecución forzada. Se analiza la noción de “demanio” como el conjunto de bienes afectados al uso, servicio o función pública, y se subraya que lo determinante no es la titularidad estatal, sino la afectación del bien. En consecuencia, no procede la adopción de medidas cautelares que comprometan bienes indispensables para la prestación de servicios públicos. En contraste, los bienes de dominio privado del Estado —no afectados directamente a fines públicos— sí se encuentran, en principio, sujetos al régimen civil y pueden ser embargados, siempre que no exista norma legal que disponga lo contrario. El artículo revisa la legislación procesal y constitucional vigente para concluir que la protección del demanio responde a la necesidad de garantizar la continuidad del interés público, limitando la ejecución forzada contra el Estado únicamente a aquellos bienes que no cumplen una función pública esencial.