El artículo examina la potestad sancionadora de la Administración Pública como una manifestación del ius puniendi del Estado, distinta pero coexistente con la potestad penal. Sostiene que, aunque la Constitución peruana no reconoce expresamente dicha potestad, su existencia se justifica por razones prácticas y funcionales, vinculadas a la eficacia administrativa y a la tutela de bienes jurídicos de interés público. El estudio analiza el procedimiento administrativo sancionador regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), destacando la aplicación obligatoria de principios como legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, irretroactividad y concurso de infracciones. Se enfatiza que la potestad sancionadora debe ejercerse conforme a garantías equivalentes a las del derecho penal, aunque adaptadas a la lógica administrativa. Asimismo, se examina la reserva legal en materia sancionadora, distinguiendo entre la atribución de competencia y la tipificación de infracciones y sanciones, admitiendo una reserva legal relativa que permite desarrollo reglamentario sin creación autónoma de ilícitos. Finalmente, se subraya que estos principios operan como límites y criterios de control del ejercicio sancionador, orientados a proteger los derechos de los administrados y asegurar la legitimidad de la actuación administrativa.