El artículo analiza las técnicas normativas empleadas para tipificar infracciones administrativas y establecer escalas de sanciones, con especial énfasis en el ámbito ambiental. Parte del principio de legalidad, distinguiendo entre su dimensión formal (reserva de ley) y material (mandato de tipicidad), y sostiene que, en el Derecho administrativo sancionador, ambos admiten modulaciones. Dada la complejidad técnica y el dinamismo de las conductas ambientales, el legislador no puede prever exhaustivamente todas las infracciones, por lo que resulta legítima y necesaria la colaboración reglamentaria. El trabajo examina las modalidades de tipificación directa e indirecta, así como la tipificación de sanciones mediante sanciones tasadas y no tasadas, destacando la importancia de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, desarrolla la aplicación de estas técnicas en sectores como minería, energía y producción, mostrando que las tipificaciones aprobadas por el OEFA se apoyan en habilitaciones legales expresas, describen con claridad las conductas infractoras y respetan los principios de legalidad y tipicidad. En conclusión, el artículo afirma que el modelo vigente de tipificación ambiental es constitucionalmente válido y funcional para la fiscalización ambiental.