El artículo sostiene que la competitividad económica del país depende de una inversión privada sostenible, lo que exige estabilidad macroeconómica, mercados abiertos y una regulación administrativa eficiente. Destaca el rol del derecho administrativo en la reducción de sobrecostos regulatorios y en la contención del crecimiento burocrático. Defiende el rol subsidiario del Estado, orientado a supervisar y no a gestionar directamente servicios públicos, promoviendo asociaciones público-privadas. Asimismo, resalta la importancia del Análisis de Impacto Regulatorio y del régimen de eliminación de barreras burocráticas como instrumentos para garantizar regulaciones necesarias, razonables y eficientes, que favorezcan la inversión, el empleo y la reducción de la pobreza.