El prólogo expone que la reparación de daños ambientales en la vía administrativa se inscribe plenamente en el Derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius imperium del Estado orientado a la tutela del interés público. Se explica que la fiscalización ambiental, ejercida por el OEFA, no se limita a la imposición de sanciones, sino que comprende potestades destinadas a corregir, revertir y compensar los efectos de las infracciones ambientales mediante medidas correctivas. El texto destaca que el ordenamiento jurídico peruano ha superado la concepción tradicional según la cual la reparación de daños corresponde exclusivamente a la vía jurisdiccional. La Ley N.º 29325 faculta expresamente a la autoridad administrativa a ordenar medidas de restauración, rehabilitación o compensación ambiental, de manera complementaria a las sanciones administrativas. Se precisa, no obstante, que la reparación en sede administrativa se circunscribe a daños ambientales, recursos naturales y salud de las personas, quedando excluidos los bienes de propiedad privada, cuya tutela corresponde a la vía judicial. Finalmente, el prólogo compara el modelo peruano con el español, resaltando coincidencias en el reconocimiento de la potestad administrativa reparadora, así como diferencias procedimentales, y concluye que este avance fortalece la protección efectiva del ambiente y el interés público