El libro «Fiscalización ambiental: construyendo confianza y facilitando la inversión» expone el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental desarrollado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y reducir la conflictividad socioambiental, sin que ello suponga un obstáculo para la inversión. Parte del diagnóstico de que los principales conflictos sociales en el Perú están vinculados a la temática ambiental y, en particular, a proyectos extractivos, los cuales suelen originarse por el desconocimiento o la incertidumbre sobre sus impactos. La obra sostiene que una fiscalización ambiental eficiente, transparente, participativa y razonable es un insumo clave para generar confianza en la población. En ese marco, se describen las principales líneas del nuevo enfoque del OEFA: el reforzamiento de las garantías del debido procedimiento, la aplicación del principio de razonabilidad en la supervisión, la promoción de la subsanación y la remediación ambiental antes que la sanción, y la implementación de un régimen de sanciones gradual y proporcional. Asimismo, se destaca la importancia de la transparencia y difusión de la información, mediante reportes públicos, plataformas informáticas y acceso ciudadano a los resultados de la fiscalización. El libro enfatiza también la participación ciudadana a través de mecanismos como los monitoreos ambientales participativos, la atención de denuncias ambientales y la intervención de terceros con interés legítimo en los procedimientos sancionadores. Otro eje central es la prevención y remediación ambiental, a través de medidas preventivas, correctivas y de restauración o compensación ambiental, así como del régimen de incentivos y el reconocimiento de buenas prácticas ambientales. Finalmente, se resalta la necesidad de contar con recursos humanos especializados y con un financiamiento adecuado que permita al OEFA cumplir eficazmente sus funciones. El libro concluye que una fiscalización ambiental sólida y confiable fortalece el rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano, reduce los conflictos socioambientales y facilita una inversión responsable.