El artículo analiza la prohibición constitucional ecuatoriana de someter a arbitraje internacional controversias contractuales o comerciales entre el Estado y privados (art. 422 CRE). Examina el dictamen de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el arbitraje inversionista-Estado previsto en el acuerdo comercial Ecuador–Costa Rica. Sostiene que la Corte confundió controversias contractuales —prohibidas— con controversias extracontractuales en materia de inversión, como expropiaciones directas o indirectas, impuestos confiscatorios o regulaciones restrictivas, las cuales sí pueden someterse a arbitraje internacional. Concluye que el arbitraje de inversiones no vulnera necesariamente la Constitución ecuatoriana.