El artículo expone cuatro posiciones personales frente al aborto, a partir del debate jurídico, ético y político contemporáneo, especialmente tras la sentencia Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos (2022). Primero, el autor afirma no estar a favor del aborto, al considerar que el embrión o feto es un ser humano y sujeto de derechos. Segundo, sostiene que no existe un derecho subjetivo a abortar, aunque rechaza juzgar moralmente a quienes toman esa decisión. Tercero, se opone a la criminalización del aborto, al estimar que la penalización no reduce su incidencia y, por el contrario, incrementa los abortos clandestinos e inseguros, afectando especialmente a mujeres pobres y adolescentes. Cuarto, plantea que políticas públicas como la educación sexual, la planificación familiar y el acceso a anticonceptivos son medidas más idóneas, necesarias y proporcionales para reducir los abortos. El texto enfatiza la aplicación del test de proporcionalidad, propone límites temporales razonables para la práctica del aborto y concluye que, aunque las posiciones son irreconciliables, debe respetarse la decisión del legislador o de las cortes, priorizando siempre la reducción de abortos con humanidad y compasión.