El artículo analiza las profundas diferencias entre Perú y Ecuador respecto del arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias entre el Estado e inversionistas. Mientras la Constitución peruana de 1993 permite expresamente someter dichas controversias a arbitraje internacional —incluido el CIADI—, la Constitución ecuatoriana de 2008 incorpora una prohibición para ceder jurisdicción soberana en controversias contractuales o comerciales entre el Estado y particulares. El autor examina la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador, en particular los dictámenes sobre el Convenio CIADI y el TLC Ecuador–Costa Rica, destacando la tensión entre la prohibición constitucional y la necesidad de promover la inversión extranjera. Se critica que la Corte no haya diferenciado adecuadamente entre controversias contractuales y extracontractuales en materia de inversiones, lo que conduce a una interpretación excesivamente restrictiva. El artículo concluye que el cierre al arbitraje internacional afecta la confianza de los inversionistas y debilita la integración regional, contrastando esta situación con la experiencia peruana, donde el arbitraje internacional sigue siendo un pilar para la atracción de inversiones y la estabilidad económica.