El artículo analiza la garantía de la “cosa decidida” en el procedimiento administrativo sancionador y el rol garantista de la segunda instancia, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Sostiene que, cuando un extremo favorable al administrado no es impugnado, adquiere firmeza y no puede ser desconocido por la segunda instancia al resolver recursos de otros investigados. Afirma que la segunda instancia no es un órgano sancionador, sino una garantía del debido proceso, y que su actuación no puede empeorar la situación jurídica del administrado. La sentencia refuerza un enfoque garantista del derecho administrativo sancionador.