El artículo analiza la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada mediante la Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, como respuesta regional al carácter transfronterizo de esta actividad y a sus graves impactos ambientales, sociales y económicos. La política establece principios rectores —seguridad, prevención, integralidad, cooperación y gradualidad— y obliga a los Estados miembros de la Comunidad Andina a adoptar medidas legislativas, administrativas y operativas para prevenir, controlar y sancionar la minería ilegal. El autor destaca la importancia de la cooperación intergubernamental, especialmente en el intercambio de información, el control de insumos y maquinaria, la persecución de delitos conexos (lavado de activos, trata de personas) y la restauración de ecosistemas afectados. Asimismo, subraya la necesidad de diferenciar entre minería ilegal y minería informal, siendo esta última susceptible de procesos de formalización. El trabajo examina cómo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han clasificado los estratos de la actividad minera y asignado competencias de fiscalización ambiental, prestando especial atención al caso peruano. En particular, se analiza la experiencia del Perú en la formalización minera y el rol del OEFA en la aplicación del principio de primacía de la realidad para determinar el verdadero estrato minero y fortalecer la fiscalización ambiental.