El artículo sostiene que no todo acto político es susceptible de control judicial, pues ello implicaría una indebida politización de la judicatura y una desnaturalización de la función jurisdiccional. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.° 00003-2022-PCC/TC, el autor distingue entre el aspecto reglado de los actos políticos —competencia, procedimiento y requisitos legales—, que sí es justiciable, y su ámbito discrecional, que responde a criterios de oportunidad y conveniencia política y no puede ser revisado por los jueces. Esta distinción se aplica a la elección del defensor del pueblo, cuyo contenido discrecional corresponde legítimamente al Congreso.