El artículo analiza el abuso de posición de dominio producido en la concesión del Ferrocarril Sur Oriente (Cusco–Machu Picchu–Hidroeléctrica) como consecuencia de un diseño defectuoso del proceso de privatización. Los autores sostienen que la concesión no generó competencia, sino que sustituyó el monopolio estatal de ENAFER por un monopolio privado ejercido por el grupo económico Fetrans–Perurail. El marco normativo vigente —Constitución, Decretos Legislativos 690 y 701— exigía promover competencia allí donde fuera posible, separando la administración de la infraestructura ferroviaria del servicio de transporte. Sin embargo, el diseño contractual y las circulares aplicables permitieron una integración vertical excepcional que el concesionario convirtió en permanente. El abuso se concretó en la negativa injustificada de Fetrans a alquilar material tractivo y rodante a potenciales competidores, pese a estar obligada por el principio de equidad contractual y por las normas de libre competencia. INDECOPI determinó que Fetrans tenía posición de dominio en el mercado relevante de alquiler de material ferroviario y que dicha negativa constituía una conducta anticompetitiva sancionable. El caso demuestra que una privatización mal diseñada puede distorsionar el mercado y que la aplicación efectiva del derecho de la competencia resulta indispensable para corregir los efectos excluyentes derivados de concesiones administrativas.