El artículo examina la metodología empleada por la autoridad administrativa de protección al consumidor para graduar las sanciones impuestas por infracciones a la normativa vigente. Parte del análisis de la potestad sancionadora de la Administración Pública, su fundamento constitucional y sus límites, destacando los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y proporcionalidad como ejes rectores del ejercicio sancionador. El trabajo distingue las distintas clases de sanciones administrativas —amonestaciones, multas y multas coercitivas— y explica sus finalidades disuasivas y correctivas. Se enfatiza que la sanción debe hacer que la infracción resulte menos rentable que el cumplimiento de la norma. En ese marco, el artículo desarrolla los criterios centrales de graduación: el beneficio ilícito esperado por el infractor y la probabilidad de detección de la infracción, complementados por otros factores como el daño causado, la reincidencia y la conducta del infractor. Asimismo, se expone una metodología estructurada para determinar la multa base y su ajuste mediante agravantes y atenuantes, resaltando la importancia de la motivación de las decisiones sancionadoras para garantizar predictibilidad, objetividad y control de la discrecionalidad administrativa en materia de protección al consumidor.