El artículo analiza el caso de la barrera burocrática impuesta por el Ministerio de Salud (Minsa), que exigía que el oxígeno medicinal tuviera una concentración de entre 99 % y 100 % para ser comercializado y adquirido por los establecimientos públicos de salud. Esta exigencia fue cuestionada por empresas que producían oxígeno con una pureza de 93 % a 95 %, concentración aceptada internacionalmente y respaldada por evidencia científica. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) y, posteriormente, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Indecopi concluyeron que la medida era ilegal, porque implicaba una revocación indirecta de registros sanitarios previamente otorgados sin seguir el procedimiento previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, y carente de razonabilidad, porque el Minsa no acreditó que el oxígeno al 93 % fuera menos seguro ni realizó un análisis de proporcionalidad entre los beneficios y los costos de la restricción. El autor sostiene que, pese a estos pronunciamientos emitidos en 2012 y 2013, el Minsa mantuvo la restricción durante siete años. Durante la pandemia de la COVID-19, ello contribuyó a reducir la competencia, limitar la oferta de oxígeno medicinal y elevar sus precios, agravando la escasez en un momento crítico. Solo en 2020 se autorizó excepcionalmente el uso de oxígeno con una concentración mínima de 93 %. Como reflexión final, el artículo destaca la necesidad de fortalecer el análisis de impacto regulatorio antes de aprobar normas y resalta la importancia del régimen de eliminación de barreras burocráticas para evitar que regulaciones mal diseñadas generen efectos perjudiciales sobre la competencia, la economía y, en casos extremos, la vida y la salud de las personas.