El artículo analiza críticamente la proliferación de rejas y tranqueras en calles y vías públicas como respuesta vecinal a la inseguridad ciudadana. Sostiene que dichas medidas, aunque comprensibles desde una lógica de autoprotección, vulneran el derecho constitucional al libre tránsito y carecen de sustento legal suficiente. Se enfatiza que los municipios no pueden autorizar el cierre de vías públicas sin afectar bienes de dominio público ni derechos de terceros. La seguridad ciudadana, concluye el autor, debe ser garantizada por el Estado mediante políticas públicas eficaces, no mediante soluciones privadas que generan fragmentación urbana y exclusión social.