El artículo analiza la práctica de cerrar calles con rejas y tranqueras como respuesta vecinal a la inseguridad ciudadana. Sostiene que dichas medidas vulneran el derecho constitucional al libre tránsito, pues las vías públicas son bienes de dominio público bajo administración municipal y no pueden ser apropiadas unilateralmente por los vecinos. Incluso cuando existe autorización municipal, esta puede ser impugnada por afectar derechos fundamentales. El autor explica las vías legales disponibles —hábeas corpus, impugnación administrativa y acción popular— y concluye que la seguridad debe garantizarse mediante medios legales que no restrinjan el uso público de las calles.