El artículo cuestiona un proyecto de ley que busca reformar el régimen de concesiones mineras basado en la supuesta existencia de concesiones “ociosas”. Sostiene que dicho diagnóstico es simplista, pues ignora que los proyectos mineros requieren largos plazos y dependen de permisos complejos, financiamiento y factores sociales. Advierte que medidas como mayores penalidades, reducción de plazos y caducidad podrían generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión, especialmente en exploración. Además, señala que la inactividad muchas veces es atribuible al propio Estado. Concluye que el problema no es la ociosidad, sino las barreras regulatorias e institucionales que impiden el desarrollo eficiente de las concesiones.