El artículo sostiene que la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia mayoritaria, declaró inconstitucional una norma que permitía la participación privada excepcional en el sector eléctrico, pese a que la Constitución la autoriza expresamente. El autor argumenta que el concepto de “interés público” es un concepto jurídico indeterminado que debe ser concretado por la administración, no anulado por el juez constitucional. La decisión, afirma, implica una opción por el estatismo, cuyas consecuencias prácticas son ineficiencia, desinversión y escasez energética, como se evidenció en los apagones sufridos en Ecuador en 2024.