El artículo sostiene que la finalidad correcta de una ley de defensa de la libre competencia es proteger el proceso competitivo y no a los competidores individuales, en la medida en que dicho proceso genera eficiencias económicas que mejoran el bienestar social. El autor explica que la competencia produce eficiencias asignativas, productivas y dinámicas, las cuales se traducen en menores precios, mayor calidad, innovación y una mejor asignación de recursos, beneficiando principalmente a los consumidores. Desde esta premisa, se analiza la evolución del objetivo de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador (LORCPM). El texto muestra que la ley ecuatoriana tuvo originalmente una pluralidad de fines —algunos potencialmente contradictorios—, como el bienestar general, el bienestar de los consumidores, el comercio justo y la economía social y solidaria. A través de reformas reglamentarias (2022) y legales (2023), el legislador ha intentado redefinir su propósito, inclinándose finalmente por la protección del bienestar general mediante la eficiencia económica. El autor advierte que la coexistencia de múltiples objetivos dificulta la aplicación coherente del derecho de la competencia y concluye que la claridad en la finalidad de la ley es indispensable para orientar adecuadamente la actuación de la autoridad de competencia y evitar decisiones arbitrarias o contradictorias.