El artículo analiza el artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (LRCA), referido a su ámbito de aplicación objetivo, cuyo propósito es delimitar qué conductas quedan fuera del control de la autoridad de competencia. El autor sostiene que la LRCA excluye de su aplicación aquellas conductas que son consecuencia directa de una norma con rango de ley, en tanto estas no pueden ser sancionadas administrativamente por INDECOPI, sino cuestionadas por las vías constitucionales correspondientes. El trabajo examina los antecedentes legislativos del precepto y descarta una interpretación amplia que permitiría excluir del control anticompetitivo conductas promovidas o facilitadas por autoridades administrativas sin respaldo legal expreso. Se enfatiza que solo una norma con rango de ley (como una ley expedida por el Congreso o un decreto legislativo), y no decretos supremos, resoluciones ministeriales, ordenanzas o actos administrativos, puede justificar una excepción al régimen de libre competencia. Asimismo, el autor critica la posibilidad de que el Estado promueva acuerdos de precios, repartos de mercado u otras conductas restrictivas bajo el pretexto del bienestar del consumidor, señalando que ello vulneraría el artículo 61 de la Constitución. Finalmente, concluye que las excepciones al control de la LRCA deben ser restrictivas, expresas y establecidas exclusivamente por ley, para evitar distorsiones graves del proceso competitivo y asegurar seguridad jurídica.