El artículo analiza el papel de la defensa de la libre competencia dentro del proceso de integración subregional andino y la evolución normativa de su regulación, con especial atención al control de las conductas anticompetitivas transfronterizas. Parte del artículo 93 del Acuerdo de Cartagena como norma andina de rango constitucional en materia de competencia y examina críticamente las primeras leyes andinas (Decisiones 45, 230 y 285), destacando sus incoherencias metodológicas, en particular la indebida traslación de criterios propios del control del dumping al análisis de las conductas anticompetitivas. El trabajo se centra luego en la Decisión 608 de 2005, vigente en la actualidad, que establece normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina. Se explica su finalidad —la protección del proceso competitivo, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores—, su ámbito de aplicación subjetivo (agentes económicos públicos y privados) y su ámbito objetivo, delimitado por la existencia de efectos reales transfronterizos. El autor desarrolla con detalle qué se entiende por conductas anticompetitivas transfronterizas (prácticas colusorias y abuso de posición de dominio) y el rol institucional de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia y las autoridades nacionales, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, examina el procedimiento administrativo sancionador supranacional, las medidas correctivas y las sanciones. Finalmente, se advierte que la Decisión 608 presenta vacíos relevantes, como la ausencia de un programa de clemencia y de un procedimiento de control previo de concentraciones empresariales con efectos transfronterizos, elementos clave para una política de competencia moderna y eficaz.