El artículo reconstruye el prolongado proceso político y normativo que condujo a la aprobación en el Perú de un régimen general de control previo de concentraciones empresariales, ausente desde la instauración del sistema moderno de defensa de la competencia en 1991. Se examinan las resistencias institucionales —especialmente del MEF—, los antecedentes sectoriales (como el sector eléctrico), la influencia de compromisos internacionales y las recomendaciones de la OCDE. El trabajo culmina con el análisis de la Ley 31112, destacando que su aprobación completa los cuatro pilares de la política de competencia peruana y fortalece la protección de la libertad económica y del bienestar del consumidor.