El artículo sostiene que toda política pública debe partir de la claridad de su finalidad u objetivo (“norte”), pues solo así la actuación de las autoridades legislativas y administrativas puede ser coherente, razonable y predecible. El autor distingue entre políticas públicas orientadas a incrementar la riqueza (“incrementar la torta”) y aquellas destinadas a redistribuirla, advirtiendo que la confusión entre ambos objetivos genera intervenciones erráticas y contraproducentes. Se explica que las políticas de competencia, protección al consumidor y regulación económica tienen como norte la eficiencia económica, la cual maximiza el bienestar del consumidor a través de mercados competitivos, corrección de fallas de mercado y regulación de monopolios naturales. En cambio, la redistribución de la riqueza corresponde a políticas sociales financiadas mediante impuestos, conforme al principio de subsidiariedad del Estado, y no debe imponerse distorsionando precios o sancionando resultados de mercado. El artículo critica la tendencia de algunas autoridades a perseguir objetivos redistributivos mediante sanciones anticompetitivas, control de precios o intervenciones regulatorias indebidas, lo que debilita la inversión, la seguridad jurídica y el proceso competitivo. Finalmente, se enfatiza que respetar el “norte” de cada política pública es esencial para lograr crecimiento económico sostenible, legitimidad institucional y bienestar social.