El artículo analiza la Sentencia 37/2023 del Tribunal Constitucional, que reconoce el principio de la “cosa decidida” en el procedimiento administrativo sancionador. Sostiene que los extremos favorables al administrado que no son impugnados adquieren firmeza en sede administrativa y no pueden ser desconocidos por la segunda instancia al resolver recursos de otros investigados. La segunda instancia cumple un rol estrictamente garantista y no sancionador: no puede empeorar la situación de quien fue exonerado en primera instancia. La decisión reafirma el debido proceso y limita el alcance de la revisión en apelación.