El artículo analiza la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo trilateral regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General peruana, cuestionando si este puede calificarse como un mecanismo cuasi-jurisdiccional. El autor sostiene que, aunque el procedimiento se desarrolla en sede administrativa, presenta rasgos sustancialmente análogos a los del proceso jurisdiccional. El procedimiento trilateral se caracteriza por la existencia de dos o más administrados en conflicto y una autoridad administrativa que actúa como tercero imparcial, resolviendo una contienda intersubjetiva que podría ser conocida por el Poder Judicial. A diferencia de los procedimientos bilaterales, la autoridad no actúa como juez y parte, sino como árbitro neutral, lo que exige independencia e imparcialidad. El trabajo explica que estos procedimientos surgieron como parte del proceso de desjudicialización de conflictos económicos y regulatorios, especialmente en materias como defensa de la competencia, protección al consumidor, regulación de servicios públicos, propiedad intelectual y procedimientos concursales. En estos ámbitos, el legislador optó por otorgar competencia primaria a autoridades administrativas especializadas. Asimismo, se destaca que en el procedimiento trilateral conviven intereses privados disponibles y un interés público subyacente, lo que justifica la aplicación combinada de instituciones del derecho administrativo y del derecho procesal (civil e incluso penal). Ello se refleja en figuras como la rebeldía, la carga probatoria, la actuación de pruebas de oficio, las medidas cautelares y la posibilidad de conciliación o transacción extrajudicial. Finalmente, el autor concluye que, si bien el procedimiento trilateral no convierte formalmente a la autoridad administrativa en un órgano jurisdiccional, sí le atribuye facultades materialmente jurisdiccionales, reconocidas incluso por el Tribunal Constitucional, lo que permite calificarlo razonablemente como un procedimiento de naturaleza cuasi-jurisdiccional.