El artículo analiza el régimen jurídico de los precedentes administrativos vinculantes en el derecho administrativo peruano, a partir de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), destacando su importancia como fuente del derecho. El autor sostiene que la jurisprudencia —judicial y administrativa— no se limita a interpretar la ley, sino que crea normas jurídicas mediante criterios interpretativos que orientan la actuación futura de la Administración. Se explica que existe precedente administrativo cuando una autoridad aplica, en un caso posterior, el mismo criterio jurídico interpretativo utilizado en un caso anterior, siempre que exista identidad subjetiva (misma autoridad), fáctica y normativa. Estos precedentes encuentran su fundamento constitucional y legal en los principios de igualdad, interdicción de la arbitrariedad, predictibilidad, seguridad jurídica y confianza legítima. El trabajo distingue el precedente administrativo de la mera práctica administrativa, resaltando que el primero genera derechos e intereses para los administrados. Asimismo, se examina su operatividad tanto en actuaciones discrecionales como regladas, destacando que incluso en estas últimas existe un margen interpretativo que permite la formación de precedentes. El autor sostiene que la Administración está obligada a respetar sus precedentes, salvo que se aparte de ellos mediante una motivación expresa, objetiva y razonable. El apartamiento injustificado vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica. Finalmente, se analiza el cambio de criterio interpretativo como una manifestación legítima de la función administrativa, siempre que responda a razones objetivas, al interés público y esté debidamente fundamentado, evitando decisiones arbitrarias o caprichosas.