El artículo analiza el rol instructor de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.º 1034 (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), que sustituyó al Decreto Legislativo N.º 701. El autor explica que la reforma buscó fortalecer las garantías del debido procedimiento mediante una clara separación funcional entre la autoridad instructora y el órgano decisor, en consonancia con los principios del procedimiento sancionador moderno y con la Ley del Procedimiento Administrativo General. La Secretaría Técnica es configurada como una auténtica autoridad de instrucción: inicia de oficio los procedimientos, realiza investigaciones preliminares, imputa cargos, actúa medios probatorios y emite un informe técnico no vinculante sobre la existencia o inexistencia de infracciones. La Comisión, por su parte, se reserva exclusivamente la función decisoria y sancionadora. El artículo destaca que esta separación refuerza el principio acusatorio y el derecho de defensa, al evitar el prejuzgamiento por parte del órgano que impone la sanción. Asimismo, resalta la notificación previa del informe técnico a las partes y la posibilidad de que la Secretaría Técnica apele resoluciones absolutorias o sanciones insuficientes, lo que consolida su autonomía funcional. En conjunto, el modelo “Secretaría Técnica–Comisión” es presentado como un diseño institucional más garantista y coherente con un Estado de derecho.