El artículo sostiene que la Constitución peruana de 1993 no prohíbe el control de precios, aunque sí lo limita estrictamente. A partir del artículo 61, se explica que el control de precios solo es constitucionalmente legítimo cuando la competencia efectiva no es posible, como en los monopolios naturales o en infraestructuras que califican como facilidades esenciales. En mercados donde puede existir competencia, el control de precios resulta innecesario y contraproducente. El autor concluye que la política adecuada para reducir precios es promover la competencia, la inversión privada y el aumento de la oferta, reservando el control de precios para supuestos excepcionales.