Ell artículo sostiene que, conforme a la Constitución Política del Perú de 1993, la Contraloría General de la República solo tiene competencia para ejercer control de legalidad sobre el uso de los recursos y bienes del Estado y sobre la actuación de los funcionarios públicos, mas no para realizar control de gestión. A partir de una comparación entre las Constituciones de 1979 y 1993, el autor muestra que esta última suprimió expresamente la facultad de supervisar la gestión administrativa, limitando el rol de la Contraloría a verificar la conformidad de los actos con el ordenamiento jurídico. El trabajo diferencia con claridad ambos tipos de control: el control de legalidad verifica el cumplimiento de normas jurídicas, mientras que el control de gestión supone evaluar decisiones discrecionales basadas en criterios técnicos, económicos o de oportunidad, lo que implica una indebida sustitución del juicio de los gestores públicos. El autor sostiene que este último resulta inconstitucional, genera ineficiencias, desincentiva la mejora de la gestión pública y distrae recursos que deberían destinarse a la lucha contra la corrupción. Finalmente, se critica que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control atribuya a la Contraloría facultades de control de gestión, excediendo el marco constitucional, y se concluye que la función del control gubernamental debe ceñirse estrictamente al control de legalidad.