El artículo explica que la libre competencia beneficia simultáneamente a consumidores, empresas y al Estado. Los consumidores acceden a más y mejores bienes y servicios, a menores precios y con mayor adecuación a sus necesidades. Las empresas, al competir, se vuelven más eficientes, innovan y reducen costos, lo que incrementa su competitividad. El Estado se beneficia porque la competencia incrementa la producción, la recaudación tributaria y la disponibilidad de recursos para cumplir sus funciones. Por ello, la libre competencia es un bien jurídico tutelado por la Constitución y protegida mediante normas que sancionan prácticas monopólicas, restrictivas y abusos de posición de dominio.