El artículo explica que la libre competencia genera beneficios simultáneos para consumidores, empresas y el Estado. Los consumidores acceden a mejores precios, mayor calidad y variedad, mientras que las empresas incrementan su eficiencia productiva, innovación y competitividad. El Estado se beneficia por el aumento de la producción, la recaudación y el uso eficiente de recursos escasos. Sobre esta base, se sostiene que la libre competencia es un bien jurídico constitucionalmente protegido, cuya defensa se materializa mediante normas que prohíben y sancionan prácticas anticompetitivas, abusos de posición dominante y concentraciones que restrinjan el mercado.