El artículo sostiene que determinadas prácticas colusorias horizontales —los llamados hard core cartels— deben ser calificadas como ilegales per se, es decir, prohibidas de manera absoluta sin necesidad de analizar sus efectos concretos en el mercado. Se argumenta que conductas como la fijación de precios, el reparto de mercados o la manipulación de licitaciones son intrínsecamente nocivas para la competencia y nunca generan eficiencias económicas. Por ello, basta acreditar la existencia de la conducta para imponer sanción, sin aplicar la regla de la razón, lo que fortalece la predictibilidad, reduce costos probatorios y mejora la eficacia del control anticompetitivo.