El artículo analiza la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor en el ordenamiento peruano, sosteniendo que no todos ellos pueden ser calificados homogéneamente como procedimientos administrativos sancionadores puros. El autor distingue entre el procedimiento administrativo sancionador puro (PASP) y el procedimiento administrativo sancionador trilateral (PAST), afirmando que los procedimientos de protección al consumidor, cuando se inician a pedido del consumidor, responden mayoritariamente a esta segunda categoría. Se explica que el procedimiento ordinario por iniciativa de la autoridad constituye un PASP, pues se inicia de oficio, no se consigna en el TUPA, no admite conciliación ni arbitraje y el denunciante actúa como mero colaborador. En cambio, el procedimiento ordinario por iniciativa de parte y el procedimiento sumarísimo presentan rasgos propios de un PAST: el consumidor es parte procesal, el procedimiento se inicia mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, se consigna en el TUPA, se aplica el silencio administrativo negativo y es posible la conciliación, la mediación o el arbitraje cuando están en juego derechos disponibles. El trabajo destaca que la existencia de derechos disponibles justifica la modulación de instituciones propias del derecho administrativo sancionador, como la rebeldía, la prescripción, la caducidad administrativa y los efectos del desistimiento. Asimismo, se subraya que la autoridad puede continuar de oficio el procedimiento cuando advierta una posible afectación a intereses de terceros o al interés general. Finalmente, el autor concluye que una aplicación acrítica del enfoque administrativista puede debilitar la tutela efectiva del consumidor, por lo que resulta necesario armonizar las garantías del proveedor con la especial protección que el ordenamiento reconoce al consumidor, reconociendo la naturaleza híbrida de estos procedimientos.