El artículo examina la grave crisis financiera que enfrenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), pese a su rol central en garantizar la aplicación uniforme y vinculante del derecho andino. Se advierte que su presupuesto permanece congelado desde 2008, mientras se han incrementado exponencialmente las cargas procesales, los costos operativos y las obligaciones institucionales. Esta situación amenaza la continuidad operativa del Tribunal y debilita el proceso de integración andino. El autor sostiene que los Estados miembros deben cumplir sus aportes y adoptar medidas estructurales para asegurar la sostenibilidad económica del TJCA, indispensable para la tutela judicial efectiva y el Estado de Derecho comunitario.