El artículo analiza la competencia normativa atribuida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para tipificar infracciones administrativas ambientales y aprobar escalas de sanciones, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N.º 30011 al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Los autores sostienen que dicha potestad se ejerce dentro de un marco legal expreso y no implica creación autónoma de obligaciones ambientales, sino la especificación y sistematización de deberes ya previstos en la normativa ambiental vigente. Se explica que la tipificación cumple una función esencial de concreción del principio de legalidad, al delimitar con mayor precisión las conductas infractoras, dotando de previsibilidad y seguridad jurídica a los administrados. Asimismo, se expone que la aprobación de escalas de sanciones responde a criterios objetivos establecidos en la ley, como la gravedad del daño, el riesgo generado, la reincidencia y el beneficio ilícito obtenido, lo que permite una graduación proporcional y razonable de las sanciones. El artículo destaca que las reglas generales aprobadas por el OEFA incorporan de manera expresa los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad, garantizando que la potestad sancionadora se ejerza sin desbordar los límites constitucionales. Se subraya, además, que la tipificación unificada para distintos sectores económicos evita tratamientos desiguales injustificados y refuerza la coherencia del sistema sancionador ambiental. Finalmente, se concluye que la facultad de tipificación del OEFA fortalece la eficacia de la fiscalización ambiental, contribuye a la protección efectiva del ambiente y asegura un ejercicio más transparente, predecible y controlable de la potestad sancionadora administrativa.