El artículo examina el desarrollo jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en materia de medidas de salvaguardia comercial previstas en el capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, situándolas tanto en el marco del derecho de la Organización Mundial del Comercio como en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Tras exponer el fundamento y la función de las salvaguardias como medidas excepcionales, correctivas, no discriminatorias y transitorias, el trabajo analiza su regulación en la Comunidad Andina, destacando que estas constituyen válvulas de escape frente a las obligaciones derivadas del programa de liberación comercial. El autor describe las cuatro modalidades de salvaguardia previstas en el Acuerdo de Cartagena: por desequilibrio en la balanza de pagos global, por cumplimiento del programa de liberación, por productos específicos y por devaluación monetaria, detallando sus requisitos sustantivos y procedimentales, así como el rol de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El núcleo del artículo lo constituye el estudio sistemático de los criterios jurisprudenciales establecidos por el TJCA, enfatizando la exigencia constante de una relación de causalidad entre el incremento de las importaciones y el daño alegado, así como el carácter restrictivo con el que deben interpretarse estas medidas por su naturaleza excepcional. Finalmente, el trabajo analiza dos sentencias emblemáticas de 2018 relativas a salvaguardias adoptadas por Ecuador, una por desequilibrio en la balanza de pagos y otra por devaluación monetaria. A partir del contraste entre los votos mayoritarios y minoritarios, el autor muestra la evolución interpretativa del Tribunal y cómo determinados criterios inicialmente sostenidos en minoría —especialmente la exigencia estricta de causalidad— terminan consolidándose como jurisprudencia vigente. El artículo concluye que la jurisprudencia del TJCA refuerza la disciplina jurídica de las salvaguardias en la Comunidad Andina, limitando su uso a supuestos estrictamente justificados y garantizando la protección del comercio intracomunitario y de la seguridad jurídica.